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La pol铆tica de alto nivel suele perdonar el pragmatismo, pero rara vez la imprudencia que compromete el relato colectivo. Tras 112 d铆as de una licencia marcada por el escrutinio internacional y la sombra de investigaciones judiciales, el anuncio del regreso de Rub茅n Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa pretend铆a ser un carpetazo institucional. Sin embargo, en el tablero de la capital, el movimiento fue recibido con una frialdad matem谩tica que raya en el repudio formal.
El argumento esgrimido por el mandatario estatal para fundamentar su retorno se sostiene sobre un matiz delicado: la ausencia de elementos probatorios inmediatos en la Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR) derivados de los se帽alamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero en la praxis pol铆tica, no ser imputado formalmente no equivale a una exoneraci贸n pol铆tica, y mucho menos a un salvoconducto de gobernabilidad.
La reacci贸n de la c煤pula oficialista fue tan inmediata como coordinada. La Secretar铆a de Gobernaci贸n tom贸 distancia mediante un comunicado cuyo subtexto resulta devastador: calificar la reincorporaci贸n como una "determinaci贸n de car谩cter estrictamente personal" implica deslindar al Ejecutivo federal de los costos de esta decisi贸n. A la par, el se帽alamiento expl铆cito de que la FGR mantiene abiertas las carpetas de investigaci贸n sobre diez personas involucradas en las indagatorias estadounidenses dej贸 en claro que la carpeta no est谩 cerrada, solo pausada en el debate p煤blico.
Por su parte, el deslinde del aparato partidista no fue menor. La dirigencia de Morena, con la secretar铆a general Citlalli Hern谩ndez a la cabeza, advirti贸 no haber sido consultada ni notificada previa a la decisi贸n. El mensaje impl铆cito es evidente: la marca del movimiento no actuar谩 como escudo protector frente a un costo pol铆tico innecesario. Cuando el coordinador de los diputados oficialistas, Ricardo Monreal 脕vila, apela p煤blicamente a la "reconsideraci贸n" para evitar afectaciones a la gobernabilidad y a la compleja relaci贸n bilateral con Washington, la fisura deja de ser un rumor para convertirse en una postura oficial de bancada.
Sinaloa no requiere certezas individuales, sino estabilidad institucional. El distanciamiento de la Segob y del partido hegem贸nico demuestra que, en la balanza del poder, la defensa de un liderazgo local tiene un l铆mite claro: aqu茅l donde empieza el riesgo reputacional del proyecto federal. El regreso a Culiac谩n podr谩 haberse concretado en el papel constitucional, pero en los hechos, la soledad pol铆tica con la que se firma este retorno sugiere que la verdadera batalla por la gobernabilidad penas comienza.
