El secuestro de siete electricistas en Matehuala volvió a poner bajo presión el discurso de seguridad en San Luis Potosí, luego de que en el caso apareciera involucrado José Eduardo Martínez Peña, comandante de la policía municipal señalado como presunto operador del plagio y personaje cercano a actores políticos del poder local.
De acuerdo con los señalamientos difundidos en medios regionales, Martínez Peña habría participado en la privación ilegal de la libertad de siete trabajadores originarios de Cárdenas, presuntamente con la intención de reclutarlos para actividades ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. La gravedad del caso aumenta por la presunta colusión de mandos policiales municipales en una operación criminal que contradice la narrativa oficial de control institucional.
El mando fue detenido en posesión de dosis de marihuana y, según los reportes, se desplazaba en una patrulla oficial entregada dentro del esquema de fortalecimiento policial promovido por el gobierno estatal. La escena resulta políticamente incómoda: un elemento incorporado al modelo de seguridad terminó bajo sospecha de operar desde dentro de la propia corporación.
El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona ha insistido en que la entidad figura entre las más seguras del país, respaldando esa afirmación con una inversión superior a seis mil millones de pesos en equipo y capacitación policial. Sin embargo, el caso Matehuala abre una grieta en ese discurso, más aún por la cercanía del detenido con el alcalde Raúl Ortega, quien aseguró desconocer las actividades ilícitas del comandante.
Más allá del proceso judicial, el episodio deja una señal política inevitable: cuando un mando activo aparece vinculado a secuestro y presunta colaboración criminal, el problema deja de ser aislado y se convierte en una prueba directa para la credibilidad institucional.
