Evidencias apuntan a crímenes de alto impacto
Teuchitlán, Jalisco.— En un operativo conjunto entre autoridades y colectivos de búsqueda, fue descubierto un crematorio clandestino en el rancho Izaguirre, ubicado en la localidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco. El hallazgo, reportado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, reveló la existencia de tres hornos crematorios utilizados por la delincuencia organizada para deshacerse de cuerpos, así como decenas de pares de zapatos y prendas de vestir que sugieren la presencia de al menos 200 víctimas.
El sitio, que abarca un área de 50x100 metros, estaba cercado y rodeado de campos de caña, lo que dificultó su detección en inspecciones anteriores. Durante el operativo, los peritos forenses recuperaron restos óseos calcinados, 96 casquillos de bala de diversos calibres, tres cargadores de armas de grueso calibre y un aro aprehensor metálico. Además, se encontró un altar dedicado a la Santa Muerte, decorado con veladoras, lo que refleja la presencia de rituales asociados al crimen organizado.
El fiscal general del estado, Salvador González de los Santos, confirmó que este mismo rancho había sido intervenido en dos ocasiones previas: en septiembre de 2024 y en enero de 2025. En la primera intervención, tras un enfrentamiento armado entre fuerzas federales y civiles, se rescató a tres personas privadas de su libertad y se aseguró el cadáver de una víctima. En la segunda, se descubrió que el lugar funcionaba como un centro de entrenamiento clandestino del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se detuvo a 38 personas, aunque 36 de ellas fueron liberadas al confirmarse que eran víctimas de reclutamiento forzado.
González de los Santos explicó que, debido a la extensión del predio, no fue posible localizar los hornos crematorios en las intervenciones anteriores. “Es un rancho bastante grande. En aquel entonces se hicieron búsquedas en ciertas áreas, pero no se pudo procesar todo el terreno”, señaló. Fue gracias a la información proporcionada por el colectivo de familias buscadoras que se logró identificar la ubicación exacta de los restos humanos, los cuales estaban ocultos bajo una capa de tierra y una losa de ladrillo.
Además de los restos óseos, se aseguraron prendas de vestir, calzado, mochilas, envases de productos de higiene personal y maletas, elementos que podrían estar vinculados a casos de desaparición forzada. También se encontraron aparatos de ejercicio de fabricación casera, cuerdas y llantas viejas, lo que sugiere que el lugar era utilizado para múltiples actividades ilícitas.
El hallazgo ha generado conmoción en la región y ha puesto en evidencia la complejidad de la lucha contra el crimen organizado en Jalisco. Colectivos de búsqueda han exigido a las autoridades agilizar los procesos de identificación de los restos y profundizar en las investigaciones para esclarecer los hechos y brindar respuestas a las familias de las víctimas.
Mientras tanto, los dos presuntos encargados del campamento clandestino permanecen bajo proceso judicial en el complejo carcelario de Puente Grande. Las autoridades continúan con los trabajos de peritaje y análisis forense para determinar el número exacto de víctimas y su posible identidad, en un esfuerzo por devolver la dignidad a quienes perdieron la vida en este lugar de horror.
Este caso no solo refleja la crudeza de la violencia en la región, sino también la importancia del trabajo colaborativo entre autoridades y colectivos ciudadanos para enfrentar los crímenes de alto impacto y buscar justicia para las víctimas.
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