Durante su gestión como gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández asignó más de 592 millones de pesos en contratos públicos a una red de empresas vinculadas a sus amigos y antiguos clientes notariales, según registros oficiales y documentos revisados.
El caso más destacado es el del distribuidor vial de la avenida Universidad en Villahermosa, una de las obras insignia de su administración. El proyecto, que en un inicio se presupuestó en 526 millones de pesos y debía concluir en 2022, se prolongó hasta 2024, alcanzando un costo final de más de 670 millones, es decir, un sobrecoste de alrededor del 20%.
Entre las compañías favorecidas figura Constructora Santandreu, propiedad de Manuel Santandreu, amigo de juventud y cliente de López Hernández. Esta empresa y sus filiales obtuvieron 477 millones de pesos en cinco licitaciones, pese a que —según los registros— llevaban años sin obtener contratos relevantes de obra pública estatal antes del arribo del político a la gubernatura.
Otra beneficiaria fue CM del Golfo, perteneciente a José Rubén Ferrer del Río, también cliente de la notaría familiar de los López Hernández. Esta firma obtuvo un contrato de 115 millones de pesos en la segunda etapa del proyecto. Ambas empresas concentraron prácticamente la totalidad de los contratos importantes del distribuidor vial, luego de que la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) descartara decenas de propuestas de constructoras competidoras.
El Centro Global Anticorrupción en Infraestructura, una organización internacional dedicada a la vigilancia de la transparencia en obras públicas, considera sospechosas las prácticas en las que se eliminan competidores calificados o se favorece de forma reiterada a un grupo reducido de contratistas, aludiendo posibles manipulaciones en los procesos de licitación.
El proyecto, concebido como el “legado” urbano de López Hernández para la capital tabasqueña, enfrentó retrasos, sobrecostos y críticas ciudadanas por su limitada utilidad y deficiencias estructurales. Sin embargo, pese a los cuestionamientos, Constructora Santandreu continuó siendo adjudicataria en las siguientes etapas, incluyendo obras de corrección y rehabilitación derivadas de errores de ejecución iniciales.
López Hernández, quien dejó la gubernatura en 2021 para incorporarse al gabinete federal como secretario de Gobernación, no ha emitido respuesta ante las solicitudes de aclaración sobre estas adjudicaciones. Su administración dejó además un manto de opacidad sobre los documentos técnicos del proyecto, que fueron clasificados por la SOTOP durante cinco años, impidiendo su consulta pública.
El caso, que involucra amistades, negocios y decisiones gubernamentales, reaviva el debate sobre la ética en el ejercicio del poder y el uso de los recursos públicos en los estados, un tema que sigue generando cuestionamientos en torno a la transparencia y la rendición de cuentas en México.
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