La mayoría oficialista en el Senado avanzó con la aprobación en lo general del llamado Plan B electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero el proceso dejó una señal política relevante: el Partido del Trabajo decidió marcar distancia en uno de los puntos más sensibles de la reforma y evitó que la revocación de mandato presidencial pudiera celebrarse en 2027.
Durante la discusión en el pleno, la bancada petista presentó una reserva para mantener intacto el artículo 35 constitucional, con lo que se descartó mover el mecanismo de revocación al mismo calendario de la elección intermedia federal. La propuesta fue impulsada por la senadora Liz Sánchez y aceptada tras una negociación directa con Morena, dejando firme que ese ejercicio ciudadano continuará programado para 2028.
El episodio exhibió que, aun dentro del bloque legislativo oficial, existen márgenes de negociación cuando se trata de rediseñar reglas políticas de fondo. El PT, habitual aliado parlamentario, optó por no acompañar una modificación que habría colocado a la presidenta en un escenario de movilización política en plena disputa legislativa intermedia.
Antes de las reservas, el dictamen ya había sido avalado por mayoría calificada. En la votación final, la reforma constitucional reunió 87 votos a favor y 41 en contra, con respaldo de Morena y sus aliados, consolidando así una nueva fase del rediseño institucional promovido desde Palacio Nacional.
La minuta será enviada ahora a la Cámara de Diputados y posteriormente a los congresos estatales, donde deberá conseguir el aval de la mayoría del Constituyente Permanente para entrar en vigor. Lo aprobado en el Senado confirma que la reforma avanza, aunque no sin ajustes que revelan que incluso dentro del oficialismo la disciplina política tiene límites cuando se tocan calendarios de poder.
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