Buenos Aires.— En medio de un clima de alta tensión social y política, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, con 135 votos a favor y 115 en contra. La iniciativa aún deberá ser discutida en el Senado.
La sesión se desarrolló en paralelo a un paro nacional y protestas en la capital, donde se registraron cacerolazos y expresiones de rechazo ciudadano. Durante el debate, surgieron acusaciones sobre presuntas presiones a gobernadores y legisladores para respaldar el proyecto.
La votación también evidenció divisiones dentro del peronismo, generando críticas de militantes hacia representantes que apoyaron la reforma, en un contexto complejo para el movimiento encabezado por Cristina Fernández de Kirchner.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo anunció que endurecerá su plan de lucha, con la posibilidad de nuevos paros y movilizaciones en todo el país.
El proyecto contempla cambios de fondo en el sistema laboral, como modificaciones a los convenios colectivos, limitaciones al derecho de huelga en servicios públicos, reducción de indemnizaciones y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral financiado por los propios trabajadores. También incluye ajustes a instituciones culturales y estatutos profesionales.
Sectores sindicales y analistas advierten que las medidas podrían implicar un retroceso en derechos laborales y un aumento en la precarización del empleo.
En paralelo, crece la preocupación por el posible cierre de la empresa FATE, que dejaría sin empleo a cerca de mil trabajadores, en un entorno económico incierto.
Además, tres personas resultaron lesionadas tras la explosión de un paquete en instalaciones de la Gendarmería Nacional Argentina, lo que provocó la evacuación de más de 300 personas.
La reforma continúa su camino legislativo en medio de una fuerte polarización y creciente movilización social.
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